por Agustina Apolonia
En torno a la celebración de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 en Nueva Delhi el 9 y 10 de septiembre de 2023, en la que se declaró el compromiso de los líderes con las prioridades discutidas y acordadas durante las respectivas reuniones ministeriales y de los grupos de trabajo, la temática adoptada por el país anfitrión ha generado ciertas posturas encontradas.
La elección del eslogan «Una Tierra · Una familia · Un Futuro» por el país anfitrión fue extraída del antiguo texto sánscrito del Maha Upanishad y; esencialmente afirma el valor de toda la vida (humana, animal, vegetal y microorganismos) y su interconexión en el planeta tierra y en el universo en general (Secretaría del G20).
En efecto, este fue el mensaje que la India decidió impulsar en sus próximas negociaciones y en las temáticas elegidas, generando disyuntivas, ya que, los derechos humanos han quedado rezagados a un lugar de menor importancia, contra una agenda más focalizada en lo económico-productivo (Narlikar, 2022).
A nivel doméstico, el gobierno de Narendra Modi, ha llevado a cabo desde su elección en el año 2014, políticas de segregación étnico-religiosa bajo la intensificación de un nacionalismo hindú. En este orden, desde la reelección del primer ministro en el 2019, se ha observado una mayor intensificación de la persecución sistemática de los musulmanes mediante la aplicación de diversas políticas. Asimismo, hay un doble discurso por parte del representante del BJP. Por un lado, garantizar una mayor calidad de vida para la población y el progreso del país, pero por el otro, estas medidas son referidas dentro de un programa Hindutva, que defiende la idea de una nación, una raza y una civilización hindúes. En este marco, Antonio Guterres, actual Secretario General de Naciones Unidas, se ha pronunciado de la siguiente
manera: «Como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos, India tiene la responsabilidad de dar cuerpo a los derechos humanos de forma global, y de proteger y promover los derechos de todos los individuos, incluyendo miembros de comunidades minoritarias» (Secretario General de Naciones Unidas, 2022).
En este contexto, la región de Asia del Sur y el Sudeste Asiático muestra una serie de crisis humanitarias demostrando una falta de acción por los gobiernos. En este sentido, cabe mencionar que desde el año 2017, el Sudeste Asiático ha sido uno de los puntos geográficos en el continente con mayor conflictividad con respecto a la violación de derechos humanos y ataques continuos hacia grupos minoritarios nacionales. Asimismo, Tailandia y Myanmar, dos de los países pertenecientes a la región, han sido los epicentros de la violación al derecho a la vida y seguridad de sus ciudadanos. En ambos casos no solo nos encontramos con regímenes de factos que controlan los gobiernos, sino que el avasallamiento de los derechos humanos se ha denunciado en el uso de instrumentos de violencia política y mecanismos de abusos con intención de corromper y exterminar a ciertos grupos detractores (la etnia rohingya son un ejemplo de ello en el caso de Myanmar). Cabe resaltar que son numerosas las herramientas utilizadas para la violación de los derechos humanos y de las mujeres. En tal sentido, se puede mencionar desde situaciones de acoso social, hasta criminalización de actos de libre expresión y movilización por parte de las fuerzas de seguridad y el estado. En relación con esto, actualmente se han utilizado más enérgicamente el empleo de abusos sexuales y de poder, hacia aquellos refugiados o grupos minoritarios, así como el asesinato de participantes o referentes en contra de los gobiernos militares de Myanmar y Tailandia (Amnesty International, 2022).
Tailandia y Myanmar mantienen relaciones diplomáticas tanto con la India como con Indonesia, estos dos últimos miembros del G20, los cuales sostienen en sus discursos impulsar la obtención de paz y cese de la violencia intrainstitucional en ambos países. No obstante, la neutralidad que ambos estados han manifestado ante los pedidos de numerosos organismos internacionales y naciones en cuanto a una acción activa y coordinada ha demostrado lo contrario. De hecho, la India no solo ha mantenido, sino que también ha afianzado las relaciones diplomáticas con el Régimen de Myanmar durante el año 2023, generando discrepancias en su discurso en pos de la pacificación y la responsabilidad de proteger que los estados deben cumplir en concordancia con la firma de las Resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Carta de Naciones Unidas, en la cual la nación forma parte (Radio free Asia, 2023).
En relación a esta situación y el slogan elegido por el país anfitrión de la Cumbre del G20 del año 2023, es que se visualizan disimilitudes. «Una Tierra · Una familia · Un Futuro» carece de alcance cuando se habla del valor de todas las vidas, al omitir el tratamiento de la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En función de lo planteado, en el marco de la Cumbre del G20 en septiembre de 2023, la temática de los Derechos Humanos no fue parte de la agenda. En un contexto regional conflictivo, hubo sectores que reclamaron un mayor liderazgo de India al respecto.
Recapitulando, sin duda alguna la India vive un momento de esplendor puro, económicamente y políticamente, pero al mismo tiempo cabe preguntarse si en este marco no existe una regresión democrática en pos de la obtención de beneficios económicos y geopolíticos. Ejemplo de ello fue la prohibición de la participación de la población civil en algunos eventos del G20 (Civicus, 2023).
FUENTES
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